La necesidad de pensar en la Gestión Pública

Muchas veces he sido “criticada” por mis alumnos de post grado por insistir en utilizar las primeras horas de clase para revisar los marcos teóricos. La cultura de la “Gestión Pública” nacional ha puesto un énfasis perjudicial en “la aplicación de normas” y los cursos que invaden el mercado de capacitación profesional buscan generar la capacidad automática de cumplir la sobrerregulación de todos los Sistemas Administrativos del Estado, aunque no los entiendan.

Cuando acaba un curso, los mismos alumnos se sienten empoderados al haber entendido de dónde salen, en qué se basan, por qué y para qué se hacen, las normas que tienen que cumplir. Entonces son capaces de identificar cuáles no agregan valor y más bien producen un gasto improductivo en el Estado. Este ejercicio de análisis crítico es el primer paso para cambiar y mejorar nuestra Gestión Pública. Esas horas dedicadas a conocer, analizar y pensar el marco teórico dan sus frutos.

Personalmente creo que la Gestión Pública ha perdido en el Perú esa capacidad de aprovechar la preparación y experiencia de sus propios cuadros al limitarlos a ser aplicadores de normas. A diario vemos como funcionarios y servidores públicos, se han convertido en profesionales castrados, que no pueden poner en uso su capacidad de raciocinio ante los problemas que deben resolver, limitándose a la verificación de lo que dice la norma de turno y aterrándose si encuentran que la situación que enfrentan no tiene “marco jurídico”.

Esta situación desastrosa, e inusual en otras Administraciones Públicas, ha sido producida, en mi opinión, por tres grandes causas que deberíamos tener capacidad de analizar:

1. La desconfianza generada por la corrupción, que hace que las entidades centralizadas utilicen la regulación como un instrumento (perverso) de pautear la acción de funcionarios y servidores, creyendo que así guiarán su conducta hacia un comportamiento probo, sin aceptar que desde Lima no se pueden regular las diversas situaciones que suceden en todo el país.

2. La fracasada lucha contra la corrupción desde el sistema de control, que al no poder prevenir ni sancionar adecuadamente ha encontrado en la “verificación del cumplimiento de las normas” su única forma de identificar posibles responsables; con todas las injusticias, temores y paralización de la toma de decisiones que ello provoca.

3. El mal uso del “principio de legalidad” con una interpretación distorsionada que ha hecho creer a los funcionarios, servidores y controladores, que todo debe tener un “marco jurídico” previo, como si la complejidad de la realidad pudiera preverse en una norma. La Constitución cuando dice que el Estado sólo debe hacer aquello que le es permitido, se refiere a la preservación de las libertades de los ciudadanos respecto a la intromisión estatal, y no a la pequeñez administrativa.

Establecer mecanismos para controlar la producción de bienes y servicios; enfocarse en la sustancia y no en la forma; permitir la discrecionalidad técnica de los profesionales preparados para ello, son prácticas de buena y moderna Gestión Pública. ¿Por qué no las implementamos? Quizás, y sólo quizás, porque ello requiere leer las teorías y conocer los resultados de su aplicación práctica, cuestionar los procesos y las normas a partir de sus resultados y aprovechar esa capacidad que parece hemos dejado en un segundo plano y que distingue a nuestra especie: la capacidad de pensar.

Leonor Suárez Ognio

Julio 2024